Debido a los continuos cargos de corrupción relacionados con una empresa petrolera en Venezuela y una reestructuración del departamento nacional de criptografía, la compañía de energía del país ha cerrado proyectos de minería de criptomonedas en todo el país.
Diversas formas de corrupción fueron posibles gracias al poder concentrado en la Sunacrip. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones sobre la participación de la SUNACRIP como nodo organizador en la malversación de dinero proveniente de ventas de petróleo no declaradas.
Las redes sociales ya están llenas de denuncias de anomalías, que involucran a funcionarios gubernamentales de alto rango propietarios de operaciones mineras de Bitcoin, manipulación del mercado, detenciones arbitrarias y adquisiciones de dispositivos.
Acusaciones de corrupción en criptominería en Venezuela
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, el organismo de control de las criptomonedas del país, está acusada de ayudar a funcionarios a administrar un negocio petrolero ilícito.
La Asociación Nacional de Criptomonedas de Venezuela confirmó el cese de operaciones mineras en los estados Bolívar, Lara y Carabobo.
La empresa minera Doctorminer de Venezuela garantizó que no estaban involucradas en las acusaciones y que estaban intentando reanudar sus operaciones.
Entre los detenidos se encuentra el titular de la SUNACRIP, Joselit Camacho Ramírez, quien ya ocupa ese cargo desde 2018. Debido a sus actos de lavado de dinero e infracciones de restricciones relacionadas con las drogas, Ramírez figura entre las personas más buscadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que resulte en su captura.
Reestructuración SUNACRIP
El presidente Maduro emitió una orden ejecutiva que fija los términos para la reestructuración de la SUNACRIP y la destitución de Ramírez. La medida, que entró en vigor el 17 de marzo, tendrá una duración de seis meses y será ejecutada por una comisión de reestructuración. Esta comisión conocerá la situación actual de la institución y recomendará modificaciones a las políticas y procedimientos para contribuir a las metas y objetivos de la nación.
Maduro argumentó que esta orden ejecutiva fue emitida para defender al pueblo venezolano de los impactos adversos del asalto multidimensional que viene ocurriendo contra el país.
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